Golpe de Estado a la democracia en España

Recientemente se ha aprobado una modificación a la ley que regula el proceso electoral en España, la LOREG. Los grandes partidos, en una sorprendente unidad (por lo poco habitual), han votado a favor de limitar en la práctica el acceso de los partidos pequeños y nuevos a las elecciones.

Según lo explica el P-Lib:

La reforma de la LOREG modifica el artículo 169 de su texto. La ley orgánica pasa ahora a exigir nada menos que el aval del 0,1 % del censo electoral de cada circunscripción, pero sólo a los partidos y coaliciones que no hayan obtenido representación en los comicios anteriores. Es decir, un nuevo partido político como el P-Lib, para presentarse en toda España, necesitaría varias decenas de miles de firmas. Esas firmas, en principio, deberían obtenerse y verificarse ante notario en los veinte días siguientes a la convocatoria de elecciones a Cortes Generales. Esto, multiplicado por más de veinte partidos minoritarios habituales, significa que durante esos veinte días entre medio millón y un millón de personas tendrían que visitar las notarías de toda España, con un coste de cotejo de firmas que rondaría los trescientos cincuenta mil euros por partido, salvo que se lograra habilitar secretarios municipales y otros fedatarios públicos sin coste para los partidos, en cuantía suficiente para cumplir estos requisitos.

LOREG440Un artículo muy bueno que explica con cifras y analiza la importancia de los partidos pequeños es este cuya lectura íntegra os recomiendo:

“Curiosamente” esta noticia no ha aparecido apenas en los grandes medios, que parecen más interesados en estar arrimados a la sombra de alguno de los grandes partidos. Nos cuentan más en este artículo:

Se enviaron escritos a la Defensora del Pueblo solicitando la presentación de un recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley. La respuesta de la Defensora (sic) no puede ser más lamentable. Rechaza presentar el recurso de inconstitucionalidad justificando la reforma de la ley:

Esta proliferación de candidaturas introduce un factor de confusión en los electores que en muchas ocasiones difícilmente podrán discernir entre las diferentes opciones que cada una de las candidaturas representa.

Claro, es que los electores somos tontos, hay que simplificarnos la vida… ¿por qué no lo dejamos entonces en sólo 2 opciones? ¿O sólo una? Así sería mucho más fácil para nosotros…

Otra alegación que realiza la Defensora del Pueblo (sic) es la del coste del proceso electoral, lo que podríamos llamar un intento de abaratar la democracia.

El coste económico del proceso electoral ante un número elevado de candidaturas se incrementa, no sólo por la obligada impresión y distribución de papeletas electorales, sino también por el establecimiento de tarifas especiales para envíos postales de propaganda

Señora, la democracia no se puede abaratar. Ha de celebrarse con todas las garantías de pluralidad y libertad cueste lo que cueste o esto será un chiringuito propio de república bananera. Además estamos hartos de ver ejemplos de despilfarro por los políticos ¿y se ponen a ahorrar en esto, que es básico?

En fin, lamentable la decisión de la Defensora del Pueblo que confirma el secuestro de la democracia al servicio de los grandes partidos.

Referencias:

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