Contestación del Defensor del Pueblo

Dado que bitacoras.com tiene muchos fallos de conexión esta semana y es casi imposible acceder a mi blog habitual, reproduzco aquí la carta recibida del Defensor del Pueblo.

Contestación del Defensor del Pueblo a la reclamación contra la ley que permite la traza de datos sin control judicial. Comentado aquí.

Estimado señor:

Se ha recibido su atento escrito que ha quedado registrado en esta Institución con el número arriba indicado, al que rogamos haga siempre referencia en el caso de dirigirse de nuevo a nosotros.

El Defensor del Pueblo tiene encomendada por el artículo 54 de la Constitución y por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de Abril, la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución y, a tal efecto, supervisa la actuación de las Administraciones Públicas y el esclarecimiento de sus actos y resoluciones, así como la de sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de los dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución.

Sin embargo, en su escrito no se alude a alguna irregularidad administrativa que legitime la intervención del Defensor del Pueblo conforme a las competencias descritas. De la lectura del mismo se deduce su discrepancia con el contenido del Capítulo II del Título V del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, capítulo regulador de la interceptación legal de las comunicaciones.

En primer lugar, hay que señalar que los reglamentos son disposiciones de carácter general emanadas del Gobierno, cuyo conocimiento compete a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. De hecho, la mencionada disposición ha sido impugnada ante el Tribunal Supremo y se encuentra actualmente pendiente de la resolución que dicho Tribunal acuerde adoptar, por lo que según las competencias que han quedado arriba señaladas y que Vd. sin duda conoce, en su caso, habría de suspenderse nuestra posible intervención, tal y como se establece en el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, por la que nos regimos.

En cuanto al fondo del asunto y al margen de la posible resolución que se dicte, le informamos que el artículo 83 del cuerpo legal referido, dispone y acota como las únicas interceptaciones que estarán obligados a realizar los sujetos a los que se refiere el artículo 85 (operadores), las dispuestas en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y, en otras normas con rango de ley orgánica.

En este sentido el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado remitiere o recibiere y su apertura y examen, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.

Asimismo se establece que, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.

El Juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales períodos, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de las personas sobre las que existen indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos.

En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, la medida prevista en el párrafo anterior podrá ordenarla el Ministerio del Interior o, en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado, comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al Juez competente, quien, también de forma motivada, revocará o confirmará tal resolución en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observación.
La Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia en su exposición de motivos recuerda que para las actividades que puedan afectar a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, la Constitución española exige en su artículo 18 autorización judicial, y el artículo 8 del Convenio Europeo para Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales exige que esta injerencia esté prevista en la Ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

La interceptación legal es la medida establecida por Ley y adoptada por una autoridad judicial, que acuerda o autoriza el acceso o la transmisión de las comunicaciones electrónicas de una persona, y la información relativa a la interceptación, a los agentes facultados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 579.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes)

Igualmente es preciso señalar que el término agente facultado viene referido a la policía judicial o personal del Centro Nacional de Inteligencia habilitado por una autoridad judicial para materializar una interceptación legal. Estos agentes reciben en el centro de recepción de las interceptaciones las comunicaciones electrónicas interceptadas y la información relativa a la interceptación de un determinado sujeto sometido a interceptación.

Los operadores deberán tener sus equipos configurados de forma que puedan facilitar el acceso de los agentes facultados a todas las comunicaciones transmitidas, generadas para su transmisión o recibidas por el sujeto de una interceptación legal y los datos de tráfico asociados a dicha comunicación. El acceso facilitado servirá tanto para la supervisión como para la transmisión a los centros de recepción de las interceptaciones de la comunicación electrónica interceptada y la información relativa a la interceptación y permitirá obtener la señal con la que se realiza la comunicación.

También hay que tener en cuenta que el sujeto obligado será responsable de que sólo el personal que haya sido expresamente autorizado pueda acceder a los mecanismos de interceptación. Las comunicaciones y la información relativa a la interceptación sólo se facilitarán al agente facultado. Para ello, los operadores, pondrán todos los medios necesarios para impedir la manipulación de los mecanismos de interceptación y para garantizar la autenticidad, confidencialidad e integridad de la información obtenida con la interceptación.

Por último, si en la práctica de la nueva normativa se produce alguna irregularidad administrativa, la vulneración de algún derecho fundamental o alguna situación de las que dan lugar la intervención del Defensor del Pueblo, conforme a las competencias señaladas, puede dirigirse nuevamente a esta Institución alegando las razones en que fundamente su pretensión concreta.

Agradeciéndole la confianza demostrada, le saluda cordialmente,

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